PERTINENCIA DEL FALLO DEL TC FRENTE A NUEVA DEMANDA INTERPUESTA CONTRA LA QUINTA PRÓRROGA DEL REINFO

El pasado 29 de octubre, durante el Jueves Minero organizado por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), el abogado constitucionalista Samuel Abad, socio del estudio Hernández & Cía., expuso sus consideraciones sobre la propuesta de la nueva Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE), así como sobre la necesidad de que el Tribunal Constitucional (TC) emita un pronunciamiento oportuno respecto de la constitucionalidad de las disposiciones que prolongan el proceso de formalización minera.

Uno de los principales cuestionamientos planteados por Abad fue que la inscripción en el REINFO o la incorporación a un nuevo régimen de formalización no puede convertirse en un mecanismo de inmunidad frente a responsabilidades penales, civiles o administrativas. En esa línea, advirtió que un cambio de denominación de proceso no resuelve los cuestionamientos constitucionales si se mantienen sus mismos efectos y condiciones.

Por su parte, Paola Bustamante, directora de Legado Positivo y vicepresidenta de Hágase Instituto, puso de relieve los desafíos que enfrenta la formalización minera frente al avance de la minería ilegal. Entre ellos, destacó el riesgo que los titulares de concesiones mineras vean limitado el ejercicio efectivo de sus derechos debido a la ocupación de sus áreas por operadores ilegales y organizaciones criminales, situación que evidencia la necesidad de fortalecer la fiscalización y la capacidad de intervención del Estado.

Frente a este escenario, Grupo Minerva considera fundamental que el Tribunal Constitucional emita un pronunciamiento sobre el fondo de la controversia planteadas en el Expediente N.º 00009-2026-PI/TC, correspondiente a la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por el Colegio de Abogados de Loreto contra la Ley Nº. 32537, que prorrogó la vigencia del REINFO hasta el 31 de diciembre de 2026, y el artículo 3 del Decreto Legislativo N.º 1695, que modificó los artículos 307-A y 307-F del Código Penal.

La urgencia de esta decisión también responde al próximo vencimiento, en mayo de 2027, del mandato de seis de los siete magistrados que integran actualmente el TC. En ese contexto, resulta importante evitar que el transcurso del tiempo o eventuales modificaciones normativas terminen impidiendo una decisión sobre el fondo, como ocurrió anteriormente con controversias vinculadas a la prórroga del REINFO.

Desde Grupo minerva consideramos que la formalización minera debe constituir una verdadera vía hacia la legalidad, la sostenibilidad y la seguridad jurídica, y no sea este un instrumento que prolongue situaciones de incumplimiento normativo o debilite la protección ambiental. Por ello, compartimos la inquietud de los ponentes mientras esperamos que el Tribunal Constitucional ejerza oportunamente su función de garante de la supremacía constitucional y establezca criterios claros que contribuyan a una política de formalización minera compatible con los derechos fundamentales, la protección del ambiente y el Estado de Derecho.

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